Las reivindicaciones de la sociedad castellano-manchega en su conjunto han dado finalmente su fruto: Por primera vez en su historia, Castilla-La Mancha utilizará el agua del trasvase Tajo-Segura.

Tras meses de negociación y la apuesta del presidente José María Barreda por conseguir satisfacer las necesidades hidrológicas de muchos pueblos de nuestra geografía, el Gobierno autonómico cerró un acuerdo histórico con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que contempla un ambicioso plan de inversiones y las enmiendas introducidas por Castilla-La Mancha al texto del Plan Hidrológico Nacional.

Con este acuerdo se satisfacen todas las necesidades hidráulicas de Castilla-La Mancha.

En función de este acuerdo, el Ministerio de Medio Ambiente se compromete en el menor plazo posible a satisfacer las necesidades planteadas por Castilla-La Mancha y a impulsar definitivamente las obras hidráulicas de interés para la región, y de manera especial, aquellas que el Gobierno regional ha considerado prioritarias. El acuerdo incluye además inversiones de 2.000 millones de euros para acometer 55 actuaciones hidrográficas en las cinco cuencas que afectan a la región.

José María Barreda mostró su satisfacción afirmando que este acuerdo, “viene a satisfacer las reivindicaciones y necesidades de la región en materia de agua”, tampoco dudó en calificar el acuerdo de “histórico”, puesto que supone un “punto de inflexión para que esta Comunidad Autónoma a la que se le había negado el derecho de uso del agua del trasvase, pueda usar definitivamente esta infraestructura”.

José María Barreda también subrayó la importancia del “cambio de filosofía” en las políticas del agua para toda España, “Castilla-La Mancha a partir de este momento cuenta y mucho en el conjunto de la política hidráulica nacional, ya no se nos puede ignorar, ya no se nos puede desconsiderar, ya no se olvida que Castilla-La Mancha tienen necesidades urgentes que hay que atender”.

Contenido del acuerdo

Este acuerdo también calificado días antes de “histórico” por el consejero de Presidencia, Máximo Díaz-Cano, viene ni más ni menos a aplicar la legislación vigente, dando prioridad a la cuenca cedente – en este caso Castilla-La Mancha-, que no podía usar el agua del trasvase Tajo-Segura debido a la falta de infraestructuras para materializar estas necesidades, lo que motivaba que muchos pueblos utilizasen desde hace décadas camiones cisterna para el abastecimiento de sus pueblos.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció en el Palacio de Fuensalida, que el volumen trasvasable desde la cabecera del Tajo se revisará en consenso con las Comunidades Autónomas afectadas y se crea una Comisión Mixta con representantes del Ministerio de Medio Ambiente y del Gobierno regional para analizar conjuntamente los problemas que puedan surgir de la política hidráulica en todas las cuencas de los ríos que afecten a Castilla-La Mancha. Es la primera Comisión que se establece de estas características en España.

También se acordó que la Confederación Hidrográfica del Tajo tenga una sede definitiva en Toledo y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, otra en Ciudad Real, complementando así la Comisaría de Aguas que actualmente existe en la capital manchega.

Sobre las normas de explotación del trasvase, el acuerdo señala que la infraestructura del Acueducto Tajo-Segura seguirá funcionando, en beneficio de la cuenca cedente y de la cuenca del Segura, acorde con la legislación vigente, que establece la prioridad de la cuenca cedente, con el compromiso del Estado de atender con inversiones adicionales específicas la revisión de los caudales trasvasables que se pueden producir en el futuro. En la presente legislatura no se modificará las reglas de explotación del trasvase.

El acuerdo declara de interés general las actuaciones incluidas en el Plan Integral de Mejora de la Calidad del Tajo y las del Plan Especial para el Alto Guadiana.

Por último, Estado y Gobierno autonómico se comprometen a realizar un nuevo proyecto para el túnel Talave-Cenajo, paralizado por el Ejecutivo regional desde diciembre, y suprimir el proyecto de recrecimiento del embalse de Camarillas.

Además se fijará un régimen de entradas por salidas con las aportaciones del río Mundo, garantizando su caudal ecológico aguas abajo del embalse. El control de dicha explotación se llevará a cabo por una Comisión integrada por el Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas.

El beneficio del cambio de Gobierno

Para ubicarnos hasta la consecución del acuerdo que beneficia a Castilla-La Mancha, hay que retroceder a las Elecciones Generales del 14 de marzo de 2004. Tras la victoria en las urnas, se anuncian cambios en la política hidráulica en España. A partir de ese momento, los responsables del Ministerio de Medio Ambiente diseñan lo que se ha venido a denominar un nuevo mapa hidrológico que afecta a una gran parte del territorio español, como consecuencia de la derogación del trasvase del Ebro previsto en el Plan Hidrológico Nacional aprobado por el Gobierno anterior.

Desde entonces, el Ministerio de Medio Ambiente decide reorientar la política hidráulica y suspender el trasvase del Ebro, planteamiento que conlleva un nuevo plan de inversiones, pero que deja intacto el trasvase Tajo-Segura, manteniéndose como única solución para las necesidades que tienen Valencia, Alicante, Murcia y buena parte de Almería.

La consejera de Obras Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Encina Alvarez, indica a la revista Castilla-La Mancha, que “se pasa de una política centralizada y cuyo denominador común son los trasvases, a una nueva política en la que las Comunidades Autónomas como Castilla-La Mancha, recuperan el peso específico que el propio río les otorga”.

De esta forma, los trasvases ya no son la única solución a los problemas hidrológicos que tienen estas Comunidades Autónomas, “es el fin de la consolidación del trasvasismo”, asegura la titular de Obras Públicas del Ejecutivo castellano-manchego, que hace hincapié en que el escenario cambia totalmente con el nuevo equipo de Gobierno.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, desde su toma de posesión en abril de 2004 ha planteado ante la opinión pública, la necesidad de que Castilla-La Mancha vuelva a recuperar su posición protagonista a la hora de la toma de decisiones en los órganos de gestión del agua, exigiendo en todo momento el fin del trasvase Tajo-Segura, y apuntado la necesidad de buscar una solución de futuro al déficit de agua que padece una parte de los municipios de Castilla-La Mancha desde hace décadas.

Un giro histórico

El acuerdo alcanzado con el Ministerio de Medio Ambiente supone también un giro histórico sobre la influencia que podía tener Castilla-La Mancha en el resto de la política hidráulica nacional.

Con la modificación introducida en el Plan Hidrológico Nacional relativa al uso del agua del trasvase y el plan de inversiones acordado , se abre una nueva oportunidad para satisfacer las aspiraciones históricas de Castilla-La Mancha recogidas en un texto legal, que no sólo es un acuerdo entre las Administraciones central y autonómica , sino que los términos del mismo estarán reflejados en el Plan Hidrológico Nacional.

Obras en los Presupuestos Generales del Estado

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, explicó durante la celebración del Pleno de las Cortes regionales convocado para explicar los detalles del acuerdo, que éste ha estado precedido de dos decisiones claves en el proceso de negociación: los Presupuestos Generales del Estado para 2005 y las enmiendas al Plan Hidrológico Nacional.

Al admitirse a trámite en los Presupuestos Generales del Estado seis enmiendas que recogen la dotación presupuestaria de seis infraestructuras para el abastecimiento de varias comarcas con especiales necesidades , Castilla-La Mancha consigue que sean reconocidos por Ley sus derechos en materia de agua.

Barreda agradeció en este sentido, el esfuerzo de los diputados y diputadas nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, un trabajo, que se ha realizado con discreción y eficacia.

Entre las enmiendas introducidas a los Presupuestos Generales del Estado destacan la ampliación del sistema de Picadas en Toledo, que garantizará las necesidades que tendrá la comarca de La Sagra, una zona de la geografía toledana que está experimentado un espectacular crecimiento poblacional e industrial; en segundo lugar, la infraestructura de interconexión y aprovechamiento de los ríos Sorbe y Bornova en Guadalajara, una obra que al igual que la anterior está destinada a atender las necesidades del Corredor del Henares; y en tercer lugar, el abastecimiento a poblaciones del entorno del acueducto Tajo-Segura, para abastecer a 30 municipios de la provincia de Cuenca.

Las enmiendas han logrado introducir los proyectos para el abastecimiento a municipios del entorno del embalse de Contreras y de La Manchuela, en total 34 municipios de la provincia de Albacete y 44 en Cuenca. También se saneará la depuración de los alrededores de las Lagunas de Ruidera y el entorno del Parque Natural.

De esta forma y mediante un texto legal se reconoce que el trasvase Tajo-Segura tiene que revisarse, especialmente en los caudales trasvasables y se revisarán por dos vías: atendiendo prioritariamente y con urgencia las necesidades de la propia cuenca, y se reconoce la prioridad de que se ejecuten las infraestructuras que permitan que por primera vez, Castilla-La Mancha pueda usar el agua del trasvase. Se reconoce también que los volúmenes trasvasables a la cuenca del Segura se revisarán para una disminución progresiva hasta la próxima legislatura, gracias a las infraestructuras contempladas en el acuerdo y por último se reconoce que es de interés general estas actuaciones prioritarias.

Enmiendas al Plan Hidrológico Nacional

Según las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha incluido en el Plan Hidrológico Nacional, en el Guadiana se declara de interés general las actuaciones del Plan del Alto Guadiana y la mejora a la comarca de Almadén; en el Júcar se garantiza el abastecimiento a los municipios del entorno del embalse de Contreras, a la Manchuela con aguas superficiales así como el acuífero para la Mancha Oriental; en el Segura se suprime la obra de recrecimiento del embalse de Camarilllas y en el Tajo se declara de interés general las actuaciones del Plan Integral de Calidad del Tajo y se incluye la infraestructura de los ríos Sorbe y Bornova.

El Plan Especial del Alto Guadiana tendrá así viabilidad financiera y resolverá la situación insostenible del acuífero 23 y 24.

El Plan de Calidad del Tajo supone que el río que hoy sufre una detracción de aproximadamente el 60 por ciento del caudal, a consecuencia del trasvase Tajo-Segura, además de la mala influencia de las aguas provenientes de Madrid y sus industrias, pueda ver mejorada la calidad de sus aguas.

Comisión Mixta

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, refiriéndose a la propuesta del presidente Barreda de introducir reformas en el Estatuto de Atonomía para conseguir que Castilla-La Mancha tenga representación en los órganos de gestión del agua, reconoció que las demandas que tenía Castilla-La Mancha en este sentido eran lógicas y sustentadas en una base legal

El acuerdo logrado entre el Ejecutivo de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Medio Ambiente, reconoce que es de derecho acometer una reforma en el Estado de las Autonomías, para que las regiones tengan representación en estos organismos. El acuerdo materializa esta reivindicación a través de la Comisión Mixta, donde habrá co-gestión entre Castilla-La Mancha y el Ministerio de Medio Ambiente y se consensuará el futuro hidrológico de la región, con participación de las dos Administraciones.

Será en esa Comisión Mixta, donde ahora se tomen todas las decisiones relacionadas con la posibilidad de establecer cambios en la composición de las Confederaciones Hidrográficas. Es una Comisión paritaria, donde la región tendrá voz y voto sobre el futuro del agua.

El compromiso comienza a hacerse realidad

El acuerdo establecido entre el Gobierno regional- MIMAN ha comenzado a materializarse . El 30 de marzo el Ministerio de Medio Ambiente daba a conocer la adjudicación de la obra de la tubería a la Llanura Manchega, una infraestructura calificada por el propio presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, como una obra “emblemática y que tiene una vital importancia”.

La mesa de contratación adjudicó la obra a la empresa OHL por un importe de 127.412.000 euros, una cuantía que equivale a 22.000 millones de pesetas. La asistencia técnica se ha adjudicado a la dirección de la obra a la empresa EPTISA por un importe de 3.241.124,59 euros.

Esta primera infraestructura que se comienza a ejecutar beneficiará a 58 municipios de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, lo que supone cerca de 450.000 habitantes. Treinta de estos municipios afectados tienen como única alternativa acuíferos con problemas y el resto, 28, tienen acceso a aguas superficiales pero sin ningún abastecimiento garantizado.

Fernando Miranda